La construcción de la Europa unida está en el aire por culpa de la crisis económica, pero también por la imposibilidad de unificar criterios entre 27 países. En algo tan sencillo como internet y su velocidad tampoco. Si algo más fácil de hacer que converger leyes no se puede hacer, pues se abren los huecos de coste y velocidad que hay entre los países miembros. Por eso, la Comisión Europea ha descartado introducir en toda la UE una velocidad mínima de conexión a Internet de banda ancha entre las obligaciones de servicio universal en materia de telecomunicaciones.
Bruselas alega que demasiadas diferencias en el grado de despliegue de la banda ancha entre los Estados miembros y que tendría demasiados costes para el Estado y las empresas. La inclusión de la banda ancha de alta velocidad entre las obligaciones de servicio universal fue una de las prioridades de la presidencia española durante la primera mitad de 2010.
Sólo España, Finlandia y Malta prevén una velocidad mínima en sus respectivas legislaciones nacionales. No obstante, la Comisión ha preferido no prefijar una velocidad mínima. La razón: “La carga sobre la industria y el impacto en los precios de los usuarios sería mayor en los Estados miembros que actualmente tienen una baja cobertura de banda ancha y bajos niveles de ingresos”. Las normas vigentes de la UE en esta materia datan de 2002 y garantizan el acceso de los europeos a las redes telefónicas públicas y a servicios como acceso a Internet básico a precios asequibles.